miércoles, 24 de junio de 2015

Detenido un vigilante de seguridad acusado de robar en el Parlamento y la Cámara de Cuentas.

El arrestado sustraía ordenadores portátiles sin estrenar, teléfonos móviles y ratones de ordenador que supuestamente vendía a través de páginas de internet donde se anunciaba con un nombre falso.

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un vigilante de seguridad acusado de robar de la Cámara de Cuentas y del Parlamento ordenadores portátiles sin estrenar, teléfonos móviles y ratones de ordenador que supuestamente vendía a través de páginas online donde se anunciaba con un nombre falso. 

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos comenzaron en septiembre de 2014 cuando trabajadores echaron en falta algunos objetos y, tras la denuncia, se inició una investigación para identificar al autor, que les llevó hasta uno de los vigilantes de seguridad del organismo, un hombre de 47 años que fue detenido por tres presuntos delitos de hurto. 

El detenido, J.R.P.A., que trabajaba en las instalaciones del Parlamento de Andalucía y la Cámara de Cuentas en turno de noche, supuestamente guardaba los objetos que pretendía sustraer en un petate de grandes dimensiones que llevaba habitualmente a trabajar, sustrayéndolos de esta manera sin que sus compañeros tuvieran sospecha alguna. Las sustracciones que venían ocurriendo desde 2009, año en el que desaparecieron hasta 13 ordenadores, provocaron gran preocupación en la Cámara de Cuentas de Andalucía, interponiendo denuncia por estos hechos. La segunda denuncia fue interpuesta el pasado septiembre, cuando se advirtió de lasustracción de tres ordenadores portátiles que se encontraban en una habitación del edificio a la que únicamente tenían acceso determinado personal de la cámara. En diciembre fue la última vez que la Cámara de Cuentas acudió a denunciar nuevas sustracciones y dio cuenta de la desaparición de un teléfono móvil de última generación y dos ratones de ordenador de dos despachos del edificio. Una vez se hacía con los objetos los almacenaba en su domicilio y algunos de ellos los ofrecía a través de portales de compra-venta en internet. 

Los agentes han llegado a encontrar 108 anuncios por internet donde esta persona ofrecía los artículos robados, entre ellos ordenadores y teléfonos móviles, en los que se anunciaba con un nombre falso para evitar ser descubierto. La investigación ha permitido recuperar todos los objetos denunciados como sustraídos así como una bandera de Andalucía, una medalla conmemorativa, diverso material informático y dos auriculares pertenecientes en este caso al Parlamento de Andalucía. 

Los hechos han sido investigados por los agentes adscritos al Grupo de Judicial de la Comisaría de Distrito de Macarena. 

Fuente



martes, 23 de junio de 2015

El TS ve procedente despido vigilante del aeropuerto que se apropió un bote de spray.

El Tribunal Supremo ha confirmado la procedencia del despido de un vigilante de seguridad del aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, por apropiarse de un bote de spray del contenedor dispuesto para el depósito de los botes de líquido no permitidos.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo rechaza de este modo el recurso de casación para la unificación de doctrina que había interpuesto el trabajador contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmó la procedencia del despido.

La Sala recuerda que el trabajador prestaba sus servicios como vigilante de seguridad desde 1983 para la empresa que lo despidió, de manera que el día de los hechos, el 2 de septiembre de 2011, y encontrándose en el filtro de pasajeros del aeropuerto, cogió un bote de spray del contenedor dispuesto para el depósito de los botes de líquido no permitidos y retirados a los pasajeros.

En este sentido, considera probado que el vigilante se apropió o tuvo la intención de apropiarse de un objeto que no le pertenecía y que era propiedad de un viajero, una conducta “indebida” para un vigilante de seguridad, ya que, “aunque el objeto del que se apropió pudiera ser de escaso valor, no le pertenecía, no siendo de su competencia el destino final de estos objetos, sino el de guardarlos y vigilarlos”.

Por ello, su conducta “está adecuadamente calificada como una falta muy grave”, según se prevé en el artículo 55.4 y 5 del convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para los años 2009-2012 “y es merecedora de la sanción de despido”.

El recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el trabajador tenía como fin la aplicación de la doctrina gradualista, con declaración de la improcedencia del despido, aportando como sentencia de contraste la dictada por el TSJA el 23 de febrero de 2011 en la que confirmaba la improcedencia del despido del trabajador de una empresa de envasados de refrescos.

Este trabajador fue despedido tras cargar en el vehículo de un transportista que prestaba servicios para la empresa diverso material promocional de la campaña navideña de años anteriores como figuras de Papá Noel o árboles de Navidad, un despido que fue declarado improcedente porque el TSJA consideraba que los objetos sustraídos eran “regalos de campañas pasadas destinados a su destrucción, sin que existan instrucciones que impidan su utilización”.

SENTENCIA DE CONTRASTE

A todo ello se suma “la antigüedad del trabajador, así como las extrañas circunstancias del hecho de imputársele únicamente la carga del camión, sin que conste el motivo de la carga, ni la conveniencia con el transportista, la finalidad de la apropiación, ni el lucro que pudiera obtener”, todo lo cual, en este caso, “no justificaba la extinción de la relación laboral”.

A juicio del Supremo, “no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación al no concurrir las identidades que exige la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”, ya que “las diferencias apreciadas son de tal entidad que justifican los distintos pronunciamientos alcanzados por las dos resoluciones y obstan a la contradicción”.

De esta manera, y en primer lugar, “las normas convencionales aplicables en cada caso son distintas, pues en la sentencia recurrida es de aplicación el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para los años 2009-2012 y en la de contraste se trata del acuerdo marco para las industrias de bebidas refrescantes, sin que se haya acreditado la identidad de regulaciones”.

HECHOS DISTINTOS

Además, “tampoco existe identidad en los hechos, pues, de un lado, la categoría de los actores es distinta”, pues uno es guarda de seguridad, teniendo como funciones “precisamente ejercer la vigilancia y protección de bienes y personas y evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección”, y en la sentencia de contraste “sólo consta que el trabajador tiene categoría profesional II”.

A todo ello se suma, según el Supremo, que “los hechos acaecidos tampoco presentan identidad”, mientras que la Sala “ha declarado reiteradamente que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, salvo supuestos excepcionales que aquí no concurren, no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales”.

Y es que “en la calificación de los despidos como procedentes o improcedentes, la decisión judicial se funda en una valoración individualizada de circunstancias variables, que normalmente no permite la generalización de las decisiones fuera de su ámbito específico”, concluye el Supremo.



martes, 16 de junio de 2015

Directores de seguridad denuncian que Interior no controla el intrusismo.

«Se está incumpliendo la ley a costa de la seguridad de las personas y el Ministerio de Interior no está haciendo nada por remediarlo». Quien lanza esta crítica es Jacinto Aparicio, presidente de la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (AVADISE). El sector ha puesto el grito en el cielo y se queja de la falta de controles por parte del Gobierno en la Comunitat para asegurarse de que quienes coordinan la vigilancia en centros comerciales, instituciones o instalaciones críticas sean realmente directores de seguridad.

«Es algo así como si el responsable de varios sanitarios en una operación quirúrgica no fuera médico», ejemplifica Aparicio, al tiempo que exige «soluciones urgentes para el creciente intrusismo que sufre el sector a causa del absoluto descontrol por parte de Interior, organismo que debería velar para que esto no sucediera». La ley 5/2014 y el reglamento de Seguridad Privada marcan una serie de instalaciones que, por sus características especiales o movimiento de personas y mercancías, están obligadas a contar con director de seguridad: puertos, aeropuertos, infraestructuras energéticas, centros comerciales y deportivos... También aquellas que dispongan de más de 24 vigilantes. El director de seguridad, además, debe tener título de Bachillerato o suprior, superar un máster homologado por Interior y unos exámenes psicológicos. Y, por supuesto, carecer de antecedentes penales. Todo eso se concreta en un carné de director de seguridad.

Lo que denuncia AVADISE es que esas normas estatales son, en la práctica, papel mojado. Y el resultado es una doble ilegalidad: «Entidades valencianas obligadas por ley a contratar director de seguridad no lo hacen y otras ponen en ese puesto a profesionales completamente ajenos, como jefes de mantenimiento, directores de marketing o directores técnicos», detalla Aparicio.

Esta situación ha llevado a la asociación a denunciar a siete empresas e instituciones públicas en los últimos tres años. «Nos parece intolerable. Y no es una mera queja profesional. Se está jugando con la seguridad de las personas al ponerla en manos de intrusos», resume.

Pese a sus quejas y denuncias, «el problema persiste con incumplimientos de la ley en importantes empresas e instalaciones públicas» de la región. Aparicio no cita nombres, pero sí apunta que algunas, paradójicamente, corresponden a organismos ministeriales. Delegación del Gobierno les prometió una mesa de trabajo con representantes policiales y de seguridad privada para combatir el problema. «Se nos dijo que se convocaría en febrero y todavía estamos esperando».