El diputado de Ciudadanos (C's) en la Asamblea de Madrid
Francisco Lara ha censurado este jueves que haya vigilantes de seguridad de las
sedes judiciales madrileñas que cobren poco más de 700 euros, a lo que el
consejero de Justicia, Ángel Garrido, ha respondido que en la nueva concesión
se aplicará a todos los trabajadores el convenio laboral.
En el Pleno celebrado hoy en la
Asamblea, Lara ha reprochado a Garrido que no conozca la situación de estos
empleados "con la cantidad de cargos de confianza que tiene en la
Consejería". Así, ha relatado que haya vigilantes que dependan de su
Consejería que estén cobrando poco más de 700 euros por jornadas de 192 horas
mensuales, pagas extras prorrateadas incluidas.
"Hay preocupación de los
trabajadores ante una adjudicación de la vigilancia de las sedes de la
Comunidad, cuya adjudicatarios quieren aplicar convenios de empresa y no
laborales, por lo que pasarían de cobrar mil euros netos a poco más de 700.
Detrás de estos trabajadores hay familias, hipotecas y dignidad y esto es un
atentado y ataque a la dignidad", ha señalado.
En su opinión, el Gobierno regional
tiene la obligación de "no consentir esas actuaciones y evitar esta grave
situación". "Esperamos que estas consideraciones no les entren por un
oído y les salgan por el otro y eviten que estas situaciones de semiesclavitud
laboral se puedan producir en la Comunidad", ha manifestado.
En su turno de réplica, el también
portavoz regional ha afeado al parlamentario de C's que haya hecho "un
comentario de texto" a una noticia publicada sobre este asunto y que
ejerza una nueva modalidad de parlamentarismo que es el de la "pregunta
ficción". " Les escuchamos con frecuencia acusarnos falsamente de
gobernar a golpe de titular y Ciudadanos ahora es capaz de preguntar a golpe de
titular", ha dicho.
Garrido ha explicado que está en fase
de licitación, a la espera de ofertas, la nueva concesión de la seguridad de
las sedes judiciales de la región y no se ha presentado en tiempo y forma la
empresa acusada de pagar poco más de 700 euros al mes a sus trabajadores. Y ha
puntualizado que según el punto primero del pliego de prestación de servicios,
las empresas concesionarias deberán ajustarse el convenio colectivo del sector.
La CEOE pedirá al nuevo gobierno otra vuelta de tuerca a la reforma laboral
Defiende un contrato para jóvenes con
despido de 12 días, menos contratos, acabar con las bonificaciones al
empleo y suprimir la «enmienda Telefónica»
La
organización empresarial que preside Juan Rosell trabaja ya en un
documento que presentará al nuevo gobierno para «mejorar la
competitividad de las empresas». El texto, al que ha tenido
acceso ABC, aún debe pasar el filtro de sus órganos de gobierno y supone
una nueva vuelta de tuerca a la legislación laboral. Empleo de jóvenes, contratos, políticas activas, desempleo... Veinte páginas con modificaciones que persiguen que la legislación española se mueva en una doble línea: seguridad y flexibilidad.
Asegura
la CEOE que durante los últimos años se han llevado a cabo importantes
reformas, especialmente a partir de 2012 -este año se aprobó la reforma
laboral- y que «ahora estamos ante un escenario diferente, con
crecimiento económico, recuperación de la posición de las empresas y
creación de empleo. «Si se quiere seguir avanzando en esta
línea, es necesario mejorar la competitividad de las empresas, para lo
que es imprescindible -dice- que la legislación española se mueva en una
doble línea: seguridad jurídica y flexibilidad».
Explica
que sobre «estas grandes ideas hay que seguir avanzando por la vía de
las medidas concretas, que produzcan efecto inmediato y que puedan ser
evaluadas rápidamente para conocer su eficacia, por lo que se proponen».
Y todo ello, «apostando claramente por el diálogo social para su implementación, especialmente en el ámbito de la negociación colectiva».
Afirma la CEOE que sigue existiendo una amplia y creciente variedad
de modelos de registro de contratos en los servicios públicos de empleo y
piensa que lo importante no es la existencia de esas modalidades de
contratación sino que «sean flexibles, universales en su aplicación, permanentes en el tiempo y que favorezcan la estabilidad en el empleo».
En su opinión , «la complejidad en la contratación y la multiplicidad
de bonificaciones está limitando el potencial de su uso, siendo
cuestionable su eficacia».
Especial mención realiza la patronal a los jóvenes. Dice que son un colectivo que sigue teniendo importantes problemas de insersión en el mercado de trabajo y, por
ello, defiende un nuevo contrato laboral vinculado a esa inserción y a
la formación, ya sea indefinido o temporal (tres años). La
peculiaridad es que abre la posibilidad de que el salario sea inferior
al del convenio de aplicación y la indemnización por cualquier tipo de
despido de 12 días de salario por año trabajado.
La patronal
propone altas dosis de flexibilidad para los contratos temporales
causales, que pretende descausalizar. Así en el de obra y servicio
propone eliminar la duración máxima de tres años y pactar cualquier
duración por convenio. También es partidario de eliminar la conversión del contrato temporal en fijo cuando pasen 24 meses y crear un contrato específico para las empresas de trabajo temporal.
El
documento también hace referencia a la rebaja de cotizaciones sociales.
Argumenta la organización empresarial que la cuantía total de
bonificaciones a la Seguridad Social, cuya eficacia, dice, es
cuestionable, ha supuesto, según la liquidación provisional de 2014,
1.289,59 millones. Y que, de acuerdo con los datos que figuran en el presupuesto de 2015, la reducción de dos puntos en el régimen general significaría 5.480 millones de euros.
La
políticas activas de empleo tienen capítulo propio. Asegura el texto
que, en combinación con las pasivas, «están dando un resultado muy limitado en relación con la inversión realizada». Aprovecha esta crítica la patronal para plantear una reforma integral del sistema de desempleo, que afecta tanto a los requisitos de acceso como a las coberturas.
Una prestación «ad hoc»
Así,
por ejemplo, pide que se vinculen políticas activas y pasivas, de forma
que se relaciones la mejora de la empleabilidad con la búsqueda activa
de empleo. También plantea reformar el sistema de cobertura del
desempleo, viculando la prestación al proceso de empleabilidad diseñado
para cada persona y reducir las posibilidades de que los
perceptores de prestaciones puedan rechazar una oferta de empleo
adecuada, además de mayor compatibilidad de la percepción de los sub
sidios con prestaciones salariales del trabajo. Reclama además la elaboración de un mapa de prestaciones para conocer el cruce de ayudas sociales entre distintas administraciones públicas.
