EL OBJETIVO ES LIBERAR
PARA OTRAS FUNCIONES A LAS PLANTILLAS DE FCSE
El Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros
penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la
vigilancia perimetral de esas instalaciones.
Hasta ahora, el
departamento de Jorge Fernández Díaz (MIR) sólo había implantado este modelo en
21 de los 68 centros administrados por Instituciones Penitenciarias en el marco
de un programa piloto iniciado en mayo de 2013. Pero el Ejecutivo acaba de adelantar
que en breve ejecutará una segunda fase de ese plan
para que vigilantes privados comiencen a asumir de forma generalizada la labor
de vigilancia exterior de las cárceles, un trabajo que
hasta ahora sólo podían desarrollar los funcionarios de las Fuerzas de
Seguridad.
El
propio Gobierno ha anunciado esta medida en una respuesta parlamentaria. “En
una primera fase, el Plan se ha
desarrollado como modelo en 21 centros penitenciarios. En la segunda fase se incorporarán los restantes centros penitenciarios,
no siendo posible en estos momentos cuantificar el
coste que supondrán estos servicios de seguridad privada.
Esa
afirmación implica un cambio relevante en el modelo de gestión de los centros
penitenciarios. Hasta ahora, Interior había mantenido que la contratación de
personal privado estaba únicamente en fase de pruebas y que su aplicación se
limitaba a un limitado porcentaje de cárceles. Pero el Gobierno reconoce ahora
por primera vez que la medida se extenderá a
las 68 prisiones que dependen de la Administración del Estado
–los centros catalanes son competencia de la Generalitat– y que, además, ese
modelo tiene vocación de permanencia.
Vallados,
cámaras y accesos
Según especifica
Moncloa, el objetivo de la contratación de personal privado es “optimizar los recursos humanos de los centros penitenciarios”.
Se pretende que determinadas
funciones auxiliares sean asumidas por vigilantes de seguridad privada, siempre bajo la
dirección y supervisión de la Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que tenga encomendada la responsabilidad de la seguridad del centro
penitenciario afectado, contribuyendo con todo ello a la recuperación de
efectivos policiales para asumir funciones de seguridad ciudadana.
En concreto, la vigilancia del perímetro de las cárceles implica
el control de los vallados y muros exteriores, la supervisión de las cámaras de
seguridad y la comprobación de los accesos reservados a familiares,
entre otras funciones. Hasta mayo de 2013, esa vigilancia era desempeñada en
exclusiva por la Guardia Civil o la Policía Nacional (dependiendo de sus
competencias en la zona de la prisión), y por las policías autonómicas en los
territorios con las competencias de seguridad transferidas.
El aval de la Ley de Seguridad Ciudadana
El Ministerio del Interior extenderá este modelo con
la cobertura
de la nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada definitivamente por el Congreso el pasado
mes de marzo y publicada en el BOE el 4 de abril.
En su artículo 41.3, la norma habilita expresamente a los
vigilantes de seguridad privada para prestar ese servicio, y en el artículo 40.1 les
concede la posibilidad ejercer esa labor portando armas de fuego “cuando lo
requieran las circunstancias”.
No obstante, la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a que ese trabajo se realice bajo la
“dirección” de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una condición que subraya
Interior para recordar que el Estado seguirá siendo el máximo responsable de
ese control.
Interior
no ofrece datos sobre el coste que tendrá la entrega de ese servicio al sector
privado
La
primera fase de este programa fue adjudicada a una unión temporal de empresas compuesta por ocho compañías del
sector de la seguridad, en total, ha supuesto la contratación de 254
vigilantes de seguridad.
Lo que sí asegura en otra respuesta parlamentaria es que los informes
internos que ha realizado Instituciones Penitenciarias para evaluar el
resultado del programa piloto han concluido que “los servicios
prestados” por las empresas de seguridad privada “han cumplido en su totalidad
con las condiciones establecidas en el contrato y Pliego de Prescripciones
Técnicas”.
Reorganización de las
plantillas
El único objetivo de este plan, según el
MIR, es liberar para otras
funciones a las plantillas de las Fuerzas de Seguridad que hasta
ahora realizaban en exclusiva la vigilancia perimetral de las cárceles. Para
esta labor, cada centro penitenciario cuenta con una dotación
media de entre 40 y 50 agentes públicos. Interior quiere que esa
cifra se reduzca drásticamente con la llegada de personal privado.
La
medida cuenta con la oposición frontal de los principales sindicatos de
prisiones
Consideran que en realidad se trata de una estrategia premeditada para que
el personal privado desplace progresivamente a los funcionarios en todos
sus cometidos.
A su juicio, la contratación de vigilantes privados para la vigilancia
perimetral sólo es la primera parte de
ese plan. Los representantes de los funcionarios de prisiones aseguran que la nueva Ley de Seguridad Privada que ha sacado adelante el
Gobierno permite incluso al sector privado ofrecer sus servicios dentro de las
cárceles, no
sólo en la vigilancia exterior.
En su opinión, sólo es cuestión de tiempo que el personal contratado
empiece a trabajar también en el interior, una posibilidad que desmienten desde el Ministerio.
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