La firma de la
adquisición, por un precio que no ha trascendido, se realizó la semana pasada,
aunque los pasos para la integración comenzaron hace meses. Los trabajadores
temen que las sinergias acarreen despidos.
Una
gran operación empresarial en el sector de la seguridad se acaba de
firmar en Madrid. Se trata de la fusión por absorción de Castellana de Seguridad (Casesa) por parte
de Ombuds, que da lugar al nacimiento de un gigante sectorial que
contará en un principio con más de 9.000 empleados y una facturación aproximada
de 260 millones de euros, según las propias compañías. El nuevo gigante se
convertirá en la segunda empresa del sector por volumen de
negocio, tan sólo detrás de Securitas, según los datos
que facilita eInforma, superando a la cotizada Prosegur…
La operación, largamente rumoreada, ha dado
el salto definitivo tras la firma del acuerdo la pasada semana y ha sido
confirmada a este diario desde distintas fuentes empresariaes y
sindicales. Un portavoz oficial de Ombuds, sin embargo, negaba la mayor a Vozpópulieste mismo lunes. Después de reiteradas llamadas, el
aludido ha preferido cortar la conversación por lo sano: "No te
voy a decir nada, buenas tardes".
La fusión, con algunos flecos aún por
concretar, se ha llevado con la máxima discreción por parte de la
empresa compradora, Ombuds, que paradójicamente cuenta con un
menor tamaño que Casesa tanto en facturación como en número de
empleados (3.000 frente a más de 6.000). En 2011, el grupo Ombuds fue
adquirido en un 75% por JZI Capital Partners a
su entonces dueño, Rodrigo
Cortina López, proveniente de una familia muy bien
relacionada con el Partido Popular y sus servicios de seguridad. JZI es un
grupo británico de capital riesgo que tiene como objetivo impulsar compañías de
tamaño medio y que engloba empresas con una facturación conjunta de
más de 1.000 millones anuales.
Tras adquirir Ombuds por un precio que no se
hizo público, el inversor prometió convertirla en "uno de los principales
operadores europeos de servicios de seguridad en un plazo de tiempo muy
corto". En los últimos ejercicios, el grupo adquiriente ha ido haciendo
realidad su promesa al colocar a Ombuds en la parte alta del ranking
de las compañías más grandes del sector. La absorción de Casesa le permitirá
escalar hasta el segundo puesto de dicho ránking. De acuerdo con las
cifras de facturación referidas al ejercicio 2012, tras las tres primeras
antes aludidas se situarían ahora Eulen, Segur Ibérica o Vinsa.
Compartiendo software
La operación viene rumoreándose desde hace meses, aunque fue a
principios de septiembre cuando dio el salto definitivo. Ambas
compañías han pasado a compartir ciertos softwares para acelerar su integración
y los empleados comienzan a posicionarse. La inquietud es grande ante el temor
de que una operación de tal magnitud traiga consigo recortes de plantilla,
especialmente en Castellana de Seguridad, que cuenta con más empleados y contratos
de más volumen.
Los rumores sobre operaciones corporativas
han sido abundantes en el sector en los últimos tiempos, rumores que la
mayor parte de las veces no llegan a materializarse. Ocurrió el pasado
verano cuando, aprovechando la confusión estival, surgió un bulo según el
cual Prosegur habría comprado Casesa y Segur Ibérica,
una historia que ni siquiera apareció en la sala de prensa de la
compañía dirigida por Helena
Revoredo.
"Es una actitud habitual en el sector
que haya muchos rumores, pero también que una empresa compre otra para hacerse
con sus contratos", comenta a Vozpópuli una fuente sindical. Casesa ha sido la
agencia de seguridad de importantes eventos deportivos como la última Vuelta a
España. Tiene clientes de renombre en sectores como el financiero (Santander,
BBVA o EVO Bank) o de gran consumo (Carrefour,
Worten o Cortefiel). También trabaja con Renfe, Iberdrola, Repsol, Peugeot o Altadis,
por citar sólo algunas compañías.
Casesa, cuyos dueños, según la rumurología
del sector, llevaban tiempo tratando de venderla, está también presente
en la administración pública con especiales buenas relaciones con el
Ministerio de Economía, la Junta de Andalucía o el Gobierno vasco, que le
adjudicó en 2010 nada menos que un tercio de todos los
servicios de seguridad privada
a políticos, jueces y cargos electos en el País Vasco. Precisamente Ombuds fue
otra de las agraciadas por este contrato de seguridad de 144 millones de euros.
No obstante, el final de la violencia de ETA y la relajación de la tensión en
País Vasco y Navarra redujo drásticamente el negocio de la compañía.
Ombuds también tiene buenas relaciones con
la administración pública, como evidencia el contrato de 3 millones
de euros que le
adjudicó el Ministerio de Defensa en 2013 para la seguridad de 10 centros
sanitarios militares.
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