Rechanzan cinco vetos a la norma de IU, ICV, PSC, ERC y PSOE
El Senado aprueba con los votos de PP y CiU la nueva Ley de Seguridad Privada
Los populares dicen que "al Estado le cuesta mucho formar a un guardia civil para que luego esté en el acceso de una cárcel pidiendo el DNI"
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Senado ha aprobado este
miércoles la nueva Ley de Seguridad Privada que será remitida de nuevo
al Congreso para su aprobación definitiva gracias a los votos del PP y
CiU. 'Populares' y nacionalistas catalanes han rechazado cinco vetos
presentados por IU, ICV, PSC, ERC y PSOE, quienes consideran que esta
normativa busca satisfacer a las empresas del sector privado en
detrimento de la seguridad pública y las competencias de las Fuerzas de
Seguridad del Estado.
El senador socialista, Enrique Cascallana ha acusado directamente a
los 'populares' de haber hecho una Ley "atendiendo a la demanda de las
grandes empresas de Seguridad y no del interés general" y ha criticado
que en el redactado de la norma no se aclaran las funciones que tendrán
desde ahora los vigilantes privados y si podrán o no patrullar por
calles peatonales comerciales.
"Ustedes adelgazan el Estado y nos llevan al principio que dice:
'quien quiera seguridad que se la pague'". En esa misma línea han girado
la mayoría de los discursos de los grupos que se oponen a esta nueva
Ley.
Por parte del PP, Santiago López Valdivielso ha replicado que "hay
frases y aseveraciones que se han ido repitiendo y que nada tienen que
ver con el propósito del proyecto de Ley". "No sé qué texto se han leído
ustedes. Era necesaria una nueva normativa que mejorase y actualizase
la legislación vigente", ha dicho Valdivielso.
Una de las novedades que contempla esta Ley es que los vigilantes
puedan hacerse cargo de control del perímetro exterior de las cárceles.
"Al estado le cuesta mucho formar a un guardia civil y resulta que luego
le destinamos a un control de acceso a una cárcel a pedir un DNI lo
cual también es frustrante para ese guardia civil", ha explicado el
senador del PP, que fue director general de la Guardia Civil durante el
Gobierno de José María Aznar.
El senador de CiU Jordi Miquel Sendra ha negado que su partido sea
partícipe de "un complot para privatizar la seguridad pública junto al
PP" y ha recordado que su formación presta apoyo al Gobierno de la
Generalitat en Cataluña, "que está obligado a gestionar la seguridad
pública en esa comunidad".
Por ello, según ha dicho, aunque la Ley no sea de su agrado su
obligación es tratar de llegar a acuerdos para tratar de mejorarla.
"Hemos llegado a acuerdos suficientes para haber mejorado la Ley y por
eso vamos a votar en contra de los vetos presentados", ha zanjado.
El senador del PNV Iñaki Anasagasti ha dicho que su partido no ha
presentado ningún veto, pero ha advertido de que "ha estado apunto de
hacerlo" y ha criticado que este es un "debate caduco, absurdo y mal
planteado". Además, ha lamentado la ausencia del ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, que "ni está ni se le espera". Finalmente ha
anunciado la abstención ante los vetos planteados.
PATRULLAR EN CALLES PEATONALES COMERCIALES
Entre los acuerdos alcanzados por el PP y CiU en este trámite
parlamentario del Senado se encuentra el de haber modificado la
redacción original de la Ley en uno de los artículos que generó más
polémica entre los grupos de la oposición y que hace referencia a las
competencias de los agentes de seguridad privada. De este modo, en la
nueva redacción del artículo 41 de esta Ley se elimina que estos agentes
puedan patrullar por las zonas comerciales peatonales.
El redactado que fue aprobado en el Congreso de los Diputados
establecía que los agentes jurados podían hacer labores de "vigilancia
en zonas comerciales peatonales" como, por ejemplo, la calle Preciados
de Madrid. En la actualidad esta competencia es exclusiva de las fuerzas
y cuerpos de seguridad. Eso sí, en el Congreso se establecía como
requisito que tuviesen "autorización previa por parte del órgano
competente" y que realizasen esa labor en coordinación con la Policía,
la Guardia Civil o las policías autonómicas y locales.
No obstante, tras el acuerdo de 'populares' y nacionalistas
catalanes, este supuesto de vigilar las "zonas comerciales peatonales"
ha sido eliminado del artículo, en el que sí se mantienen el resto de
funciones previstas en el redactado original. De este modo, los agentes
de seguridad privada sí podrán realizar la vigilancia perimetral de
centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros o la
"participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad
pública, complementando la acción policial".
PARQUES COMERCIALES, POLÍGONOS Y EVENTOS
También con autorización previa, los agentes jurados podrán
vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o
espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se
encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o
cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o
espacios públicos o de uso común.
El entendimiento entre el PP y CiU se vio en la tramitación de
esta Ley en el Congreso donde el Gobierno y el PP accedieron a modificar
en el trámite parlamentario varios artículos después de que CiU
presentase una enmienda a la totalidad al texto en la que denunciaban
"invasiones competenciales" recogidas en el Estatut catalán y
reconocidas por la Constitución.
Así lo anunció en el Congreso de los Diputados el propio ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien aseguró que "aquellos aspectos
que motivaron la enmienda (a la totalidad)" quedarían "subsanados". En
consecuencia, los nacionalistas retiraron su enmienda a la totalidad por
la que pedían devolver el texto al Gobierno.
Su oposición se debía a que el Estatut de Cataluña "establece que
corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de
seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y
coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen
en Cataluña".
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