martes, 29 de septiembre de 2015

Prosegur, primera compañía de seguridad con licencia de AESA para volar drones.

Madrid.- Prosegur es la primera compañía de seguridad privada reconocida por el Ministerio de Fomento para operar con RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), conocidos comúnmente como drones.







La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio, ha incluido recientemente a Prosegur en su listado de “Organizaciones habilitadas para realizar actividades técnicas o científicas con drones”, con lo que la compañía se acomoda a la normativa establecida por el Ministerio de Fomento para poder incorporar los drones a las tareas de vigilancia.
Prosegur se encuentra ahora en una fase de desarrollo de la nueva línea de negocio. En concreto, la compañía está trabajando en programas de I+D con drones de interior para automatizar las rondas de vigilancia. Además, destacan entre otras posibles aplicaciones de los drones: la vigilancia en instalaciones sensibles o en zonas de difícil acceso, puertos o protección medioambiental contra incendios forestales, entre otros servicios.
Para Manuel Rodríguez, director de Tecnología de Prosegur, “el desarrollo de esta nueva línea de negocio, si bien aún es incipiente, representa el esfuerzo de Prosegur por situarse en la vanguardia de su sector. La empresa se configura como un referente en el ámbito de la seguridad privada ya que ofrece a sus clientes la última tecnología disponible en el mercado para garantizar siempre los niveles más exigentes de seguridad.”
En este sentido, el uso de drones en las labores de vigilancia permitirá ofrecer unos estándares de seguridad más elevados. Si bien, por el momento, la compañía se encuentra en una fase de investigación y desarrollo de productos de seguridad asociados al uso de los drones.
La innovación y el crecimiento de la compañía a través de la incorporación de la tecnología es el ADN que identifica a Prosegur como referente en el sector de la seguridad privada. El avance en el desarrollo de los drones, complementado con el análisis de video, detección térmica y gestión con el Centro de Control Avanzado dota a los clientes de Prosegur de las últimas herramientas disponibles en el mercado de la seguridad. Este hecho confiere un aspecto fundamental y diferenciador ya que solo a través de una gama amplia de productos es posible ofrecer soluciones integrales de seguridad personalizadas a los clientes.
Los RPAS se componen de: piloto, equipo remoto (o telemando) y aeronave (dron).





domingo, 27 de septiembre de 2015

El tiempo que se tarda en llegar al trabajo "es trabajo", según sentencia europea

  • 11 septiembre 2015
El tiempo de movilización de los trabajadores que no tienen un lugar fijo de trabajo debe ser considerado parte de la jornada laboral, según una sentencia Tribunal Europeo de Justicia.
Específicamente, la sentencia se refiere al tiempo que tardan los trabajadores en llegar a su primer compromiso del día y luego en regresar a sus casas al terminar la jornada.
Esto significa que algunas empresas, como las que emplean a cuidadores, plomeros y representantes de ventas pueden estar incumpliendo las reglas europeas sobre jornada laboral.
Según el corresponsal de asuntos legales de la BBC, Clive Coleman, la sentencia tendría un "enorme efecto".
"Puede ser que los empleadores tengan que organizar los horarios de trabajo para asegurar que las primeras y últimas citas de sus trabajadores se den cerca de sus casas", explicó Coleman.
Mientras que Chris Tutton, de la firma de abogados Irwin Mitchell, considera que eso también significa que "miles de empleadores pueden estar potencialmente violando las reglas de jornada laboral de Reino Unido".

'Salud y seguridad'

El tribunal dijo que la sentencia es para proteger la "salud y seguridad" de los trabajadores, como establece la directiva de jornada laboral de la Unión Europea.


La directiva está diseñada para proteger a los trabajadores de la explotación y establece normas sobre la duración de la jornada, los descansos y las vacaciones.
Uno de sus principales objetivos es asegurar que ningún empleado de la UE está obligado a trabajar más de la media de 48 horas a la semana.
La sentencia se produjo tras un caso legal en España con una empresa llamada Tyco, que instala sistemas de seguridad.

Tiempo mínimo de descanso

La empresa cerró sus oficinas regionales en 2011, lo que produjo que los trabajadores tuvieran que cubrir distintas distancias para llegar a su primera cita del día.
"El hecho de que los trabajadores empiecen y acaben sus jornadas en sus casas se deriva directamente de la decisión de la empresa de cerrar las oficinas regionales y no del propio deseo de los trabajadores", dice la sentencia.
"Pedirles que carguen con la decisión de su empresa sería contrario al objetivo de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores que persigue la directiva, que incluye la necesidad de garantizar un periodo mínimo de descanso".


El abogado especializado en ley laboral, Caspar Glyn, también cree que la decisión puede afectar a "millones de trabajadores".
Sin embargo, Glyn dice que, a pesar de las especulaciones, la sentencia no avala que los trabajadores que cobran el salario mínimo puedan reclamar más dinero por el tiempo que tardan en llegar al trabajo.
"El salario mínimo en Reino Unido deriva del derecho británico, no del europeo. No hay derecho europeo a un salario mínimo".
"Las regulaciones sobre salario mínimo en Reino Unido no cuentan como trabajo el transporte desde casa o hacia el lugar de trabajo", dijo.

 Sentencia

jueves, 17 de septiembre de 2015

Gran contrato para seguridad integral canaria

Defensa otorga la vigilancia de sus cuarteles a una empresa que defrauda a Hacienda

Seguridad Integral Canaria, grupo acusado por la Agencia Tributaria por fraude fiscal, ha ganado un contrato millonario para vigilar las instalaciones de Defensa.
Fecha

Tras varios intentos fallidos, el Gobierno ha adjudicado los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa a una empresa que está acusada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial. El beneficiario es Seguridad Integral Canaria, empresa propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que fue indultado el pasado año por el Gobierno de Mariano Rajoy después de cometer un delito urbanístico.
Según el acuerdo de la Junta de Contratación, la compañía de Ramírez ganó el contrato para dar servicios de seguridad y control a todos los edificios del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos después de realizar un concurso público que se ha alargado durante nueve meses. Tras solicitar varias ofertas, finalmente la Junta resolvió la adjudicación mediante una subasta electrónica en la que factor principal para ganar la puja era el precio ofertado por las empresas. Es decir, el coste por empleado por hora trabajada.
Seguridad Integral Canaria se impuso en la subasta al obtener la mayor puntuación -95,37-, como informó 'Elboenuestrodecadadía', batiendo a competidores como Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece, la filial de ACS. La compañía con origen en las islas afortunadas ofreció 13,70 euros por hora para los vigilantes de seguridad y Proman Servicios Generales, la que ganó el segundo lote, 5,49 euros para los auxiliares de servicios, por lo que el salario que cobrarían los empleados sería sensiblemente inferior. Se estima que en el segundo caso apenas superará los 3 euros por hora trabajada. La mayoría de los interesados se quedó muy lejos de estos ratios.
Ramírez se hizo con el Lote 1 del concurso que asciende a 31,87 millones de euros por dos años, mientras que Proman Servicios Generales ganó el Lote 2, valorado en 11,12 millones por 24 meses. En total, ambas compañías pagaron 43 millones, por un contrato que estaba valorado inicialmente en 72,57 millones, según el pliego de contratación del Ministerio de Defensa.
Fuentes próximas al Gobierno han indicado que el método de adjudicación fue totalmente transparente y que el criterio principal era el económico para ahorrar dinero a los contribuyentes. Pero lo cierto es que, según la Agencia Tributaria, Seguridad Integral Canaria le hace un flaco favor a las arcas del Estado porque Hacienda la ha acusado de defraudar 2,3 millones entre 2008 y 2009 "al pagar fuera de nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas".
Horas extras no declaradas
Así consta en el informe que la Agencia Tributaria remitió este año a la Fiscalía de Delitos Económicos, tras una denuncia de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO. El documento subraya que el delito habría consistido en "evitar practicar retención sobre retribuciones satisfechas a trabajadores de Seguridad Integral, mediante el subterfugio de calificarlas como exentas de gravamen". Ramírez, presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas, club histórico ahora en Segunda División, siempre ha negado estos cargos. No obstante, el auditor del grupo le puso una salvedad en sus cuentas al no tener provisionada esta posible sanción.
Según consta en el texto, Seguridad Integral Canaria, que desde el pasado mes de agosto asume también la vigilancia de tres zonas de la red de Metro de Madrid, así como varios contratos de seguridad para Patrimonio del Estado, "no sólo eludió su obligación de practicar retención sobre gran parte de los salarios satisfechos a sus trabajadores, sino que dichas rentas quedaron libres de tributación ya que tampoco se incluyeron por los trabajadores en sus declaraciones de IRPF".

Sede del Ministerio en Madrid. (EFE)
Sede del Ministerio en Madrid. (EFE)
La inspección de la Agencia Tributaria ha corroborado que las dietas declaradas por Seguridad Integral Canaria suponían "un 30,16 % de los rendimientos de trabajo declarados en 2008 y un 27,9 % en 2009". El informe subraya que para alcanzar la facturación declarada, "Seguridad Integral Canaria tuvo que prestar, como mínimo, 3.134.948 horas de servicio de vigilancia en 2008 y 3.433.629 horas en 2009 y los vigilantes contratados sólo pudieron realizar 2.659.423 horas en el primer año y 2.900.652 en el segundo, por lo que es materialmente imposible que se haya facturado por valor de las horas declaradas con el personal del que disponía y con las horas extra admitidas".
El texto prosigue que "dicha facturación requiere como mínimo 475.524 horas adicionales en 2008 y 532.976 en 2009. Por lógica, estas horas suplementarias sólo pudieron realizarse fuera de la jornada ordinaria de los trabajadores, esto es, mediante horas extra no declaradas".
Un ministro en un concesionario de coches
Miguel Ángel Ramírez, un empresario de origen humilde que se declara hecho a si mismo, fue condenado en 2011 en sentencia firme a tres años de cárcel por delito medioambiental al ampliar su chalet utilizando metros de paisaje natural protegido en el norte de Gran Canaria. El 22 de noviembre del pasado año, el Gobierno lo indultó.
El 4 de diciembre, Ramírez hizo la fiesta de inauguración de un concesionario de coches en Las Palmas al que acudió como anfitrión el ministro de Industria, José Manuel Soria. Para el titular de la cartera de Energía, su paisano canario es "el ejemplo más puro de emprendedor" por su capacidad para convertir "sueños en ideas, estas en proyectos y finalmente en una empresa". 

El Supremo tumba el indulto del Gobierno al nuevo capo de la seguridad privada

El Alto Tribunal anula la medida de gracia que concedió el Gobierno de Mariano Rajoy a uno de los empresarios de seguridad que ha conseguido más contratos a lo largo de esta legislatura
Foto: El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. (EFE)
El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. (EFE)
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el indulto al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de uno de los conglomerados que más contratos de seguridad privada ha conseguido de la Administración Pública durante esta legislatura, Seguridad Integral Canaria, y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, los magistrados han dictaminado que se debe anular la medida de gracia que le otorgó el Gobierno en noviembre de 2013 porque la resolución no tuvo en cuenta la posición del tribunal que le juzgó.
El indulto tramitado por el Ministerio de Justicia permitió a Ramírez evitar la cárcel. La Audiencia Provincial de Las Palmas le condenó en julio de 2011 por la ejecución de obras ilegales “a tres años y un día de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de tres años y un día, y a la pena de veinticuatro meses y un día de multa con una cuota diaria de sesenta euros”, además de obligarle a demoler la construcción ilegal.
Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estimó su petición de indulto y le rebajó al condena de tres años y un día de prisión a sólo dos años, permitiéndole de ese modo escapar del paso por la cárcel. El Ejecutivo justificó esa decisión alegando que el presidente de Seguridad Integral Canaria no tenía antecedentes penales y que carecía de cualquier tipo de peligrosidad criminal, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia que lo juzgó.

La relación con el ministro Soria

El Alto Tribunal ha tumbado ahora esa resolución al considerar que el Gobierno no tuvo en cuenta la opinión de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el órgano que condenó finalmente a Ramírez. Tampoco habría sido escuchada la "parte ofendida por el delito" que cometió el empresario, tal y como exige la Ley de Indulto. 
Además de las consecuencias penales que tiene, el dictamen añade nuevas dudas sobre el apoyo que Seguridad Integral Canaria ha encontrado en el Gobierno desde el inicio de la legislatura, una relación cuestionada también por la gran amistad que Ramírez mantiene con uno de los miembros del Ejecutivo, el ministro de Industria, José Manuel Soria.
El ministro José Manuel Soria. (EFE)
El ministro José Manuel Soria. (EFE)

Como publicó este diario, el Ministerio de Defensa adjudicó el pasado mes de septiembre los servicios de vigilancia, alarma y seguridad de todas sus instalaciones a la compañía del empresario al que había indultado un año antes. En concreto, la compañía del presidente de la UD Las Palmas se llevó el primer y más importante lote del concurso, valorado en 31,8 millones de euros, tras conseguir una mejor puntuación que Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece.

Investigación por delito fiscal

En el proceso no sólo no se tuvo en cuenta la condena por un delito urbanístico del máximo responsable de la firma adjudicataria, sino que también se desechó que la Agencia Tributaria investiga a la empresa por haber defraudado 2,3 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2008 y 2009 “al pagar fuera de la nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas”. La propia Agencia Tributaria está personada en el procedimiento que se instruye contra Ramírez por esos hechos.
Con todo, ninguno de esos casos fueron un obstáculo para que la compañía de seguridad, que hasta hace unos años tenía cifras de negocio más que modestas, lograra un nuevo contrato millonario de un organismo público dependiente del Ejecutivo. El pasado mes de marzo, Patrimonio Nacional le adjudicó la vigilancia y la seguridad de todos los edificios históricos que gestiona por un importe de 11 millones de euros. La institución encuadrada en Presidencia del Gobierno emitió un comunicado para defender la legalidad del concurso y aclarar que Seguridad Integral Canaria había certificado que estaba al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda. 

INVESTIGACIÓN

Presidente de la UD Las Palmas

Miguel Ángel Ramírez, el 'rey de la seguridad', acumula un fraude al Estado de 21 millones

  • Logró contratos públicos por 180 millones al ahorrar en salarios pagándolos como dietas

Miguel Ángel Ramírez celebra el ascenso de Las Palmas.
Miguel Ángel Ramírez celebra el ascenso de Las Palmas. MARCA
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El éxito del rey de la seguridad tenía truco. El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, empresario indultado por el Gobierno que había conseguido hacer frente a las grandes del sector en la adjudicación de contratos públicos, acumula un fraude al Estado de casi 21 millones. Ofrecía el mejor precio, pero había trampa: ahorraba en salarios pagándolos como dietas, que están exentas de tributar y cotizar.
La cifra resulta de sumar a las cantidades evadidas a Hacienda (nueve millones) las defraudadas en cotizaciones a la Seguridad Social (12 millones), según un informe de la Inspección de Trabajo del 15 de junio, al que ha tenido acceso este diario.
Ramírez, cuyas imágenes celebrando el ascenso a Primera División de su equipo como si fuese un futbolista más dieron la vuelta al país, tiene ahora mismo encomendados los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa (un contrato de 32 millones), del Metro de Madrid (71 millones) o del Palacio Real (tres millones). También custodia la propia Tesorería General de la Seguridad Social a la que defrauda (2,4 millones), entre otros edificios oficiales. Desde 2011, ha recibido adjudicaciones del Estado y de varias comunidades, sobre todo Canarias, por valor de 180 millones.
Muchos de esos contratos se firmaron cuando la Agencia Tributaria ya había advertido de cuál era la estrategia de la empresa de Ramírez, Seguridad Integral Canaria, para acudir a los concursos públicos ofertando los precios más competitivos. Según un informe de diciembre de 2013, lo que hacía era pagar como si fuesen dietas de kilometraje o manutención -que están exentas de tributación y cotización- las cantidades correspondientes a las horas extras trabajadas por sus vigilantes.
El último informe de la Inspección de Trabajo llegado al Juzgado de Las Palmas donde se investiga a Ramírez por fraude fiscal y a la Seguridad Social -después de una denuncia de la acusación que ejerce el sindicato USO- certifica las cotizaciones evadidas en 2009 (3,5 millones), 2010 (3,1 millones), 2011 (2,8 millones) y 2012 (2,1 millones), que se añaden a las de 2008 (480.000 euros). Quedan pendientes las de 2013, por lo que la cifra acabará siendo mayor. Los inspectores denuncian las contradicciones «muy numerosas y evidentes» en los datos aportados por Ramírez, «lo que confirma el ánimo defraudatorio y el dolo».

Ahorro en retenciones

Según señaló la Agencia Tributaria en 2013, «esta forma de actuar sería, desde un punto de vista tributario, más ventajosa que otra modalidad de fraude en apariencia más grave, como es el pago de salarios en B o de forma opaca», porque además del ahorro en retenciones y cotizaciones, las cantidades pagadas son deducibles en Sociedades.
Los inspectores del Fisco añadían que «no es ajena a esta forma de actuar que Seguridad Integral Canaria sea una empresa de seguridad y que sus clientes más importantes sean administraciones públicas, obligadas a la contratación mediante concursos en los que las licitaciones se deciden, con escaso margen de discrecionalidad, a favor del postulante que ofrece mejores precios, lo que otorgaría una clara ventaja competitiva» a Ramírez. Eso es así porque el ahorro en costes salariales que consiguió fue «más que relevante».
Mientras que en otras sociedades del sector el pago de dietas alcanza un porcentaje de alrededor del 3% del total de salarios, en Seguridad Integral Canaria llega a ser de 10 veces más: un 30%, casi un tercio de la masa salarial. Para que fuera cierto, cada trabajador tendría que recorrer 11.000 kilómetros al año y generar derecho a manutención a diario.
El conocimiento de estos detalles no impidió al Gobierno concederle un indulto para evitar su ingreso en prisión por un delito medioambiental que cometió al construir en un valle protegido. El Supremo revocó esa gracia momentáneamente.
Ramírez está pendiente de otro juicio por estafa y apropiación indebida por falsear -presuntamente- los datos de los servicios prestados en el Aeropuerto Sur de Tenerife para incrementar su facturación con Aena. El ministro de Industria, el canario José Manuel Soria, acudió en 2013 a inaugurar un concesionario BMW de su propiedad. Entonces dijo de él: «Es el concepto más puro de emprendedor que yo conozco».


Primero pidieron a Defensa que cancelara contratos con Seguridad Integral Canaria por fraude a Hacienda; ahora hacen lo propio a la Consejería de Justicia del gobierno canario.

Desde su creación en 1995, Seguridad Integral Canaria ha acumulado contratos, pero también denuncias. - Foto EFE
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha pedido al director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Alejandro Parres, la nulidad del contrato del servicio de vigilancia que ejecuta en las islas la empresa Seguridad Integral Canaria y que proceda a su rescisión. Esta nueva denuncia sindical se acumula a otras sobre las supuestas infracciones en las que habría incurrido esta empresa perteneciente al Grupo Ralons, cuyo mayor accionista es Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente, además, del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.
Como ya informó Vozpópuli en su momento, los sindicatos también han pedido a Pedro Morenés la revisión de los contratos que el Ministerio de Defensa mantiene con esta sociedad privada, a la que adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de las instalaciones militares. En una carta firmada por Duarte, se informaba ya entonces de los asuntos con la justicia que supuestamente tendría pendientes el presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez.
Ahora, según el nuevo documento al que ha tenido acceso este diario, Duarte, en su condición de secretario general de la FTSP-USO, pide a la Consejería de Justicia del Gobierno canario que ostenta el socialista Francisco Espínola la rescisión de los contratos con SIC que afectan a todos los servicios de seguridad de los juzgados en las islas.
En su denuncia, Duarte recuerda que USO ya mantuvo en 2013 una reunión con el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Joaquín Herrera, a quien se le trasladó la “gravedad del problema existente” con SIC. Entre otras cosas, según el documento, esos problemas eran fraudes a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, así como impagos a los trabajadores. “Todo ello con dinero público de los canarios”, según el informe.
“La empresa paga parte de sus salarios en B”, según la denuncia
Concretamente, esas supuestas irregularidades se centrarían en el “retraso continuado” en el abono de salarios, disminución reiterada de los mismos, “sanciones por infracciones graves” en el orden social, “no cumplir con las disposiciones en materia tributaria y de seguridad social” y, en general, incumplimientos reiterados respecto a la ley de seguridad privada.
Según el máximo responsable de la FTSP-USO, Seguridad Integral es hábil en lograr el aplazamiento de las sanciones en cada materia incumplida una vez que le han sido impuestas, y se aprovecharía de que ninguna de las administraciones actuantes habría dado traslado de esas sanciones al organismo competente en materia de contratación.
A ese respecto, Duarte afirma en un escrito remitido a Vozpópuli que si bien la empresa puede acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, “esto no supone que lo cumpla. Lo cierto es que es sobradamente conocido que Seguridad Integral Canaria paga parte de sus salarios en dinero ‘B’ o mediante otros conceptos, evitando el pago de esta cotización y también de los correspondientes impuestos”, dice Duarte.
Por esos hechos, Miguel Ángel Ramírez estaría imputado por un “presunto delito fiscal” en el Procedimiento Penal que se sigue en el Juzgado Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria. También en el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife, por falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.

http://vozpopuli.com/actualidad/59808-seguridad-integral-canaria-denunciada-piden-a-rivero-que-rescinda-sus-contratos