El Supremo tumba el indulto del Gobierno al nuevo capo de la seguridad privada
El
Alto Tribunal anula la medida de gracia que concedió el Gobierno de
Mariano Rajoy a uno de los empresarios de seguridad que ha conseguido
más contratos a lo largo de esta legislatura
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el indulto al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso,
presidente de uno de los conglomerados que más contratos de seguridad
privada ha conseguido de la Administración Pública durante esta
legislatura, Seguridad Integral Canaria, y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial,
los magistrados han dictaminado que se debe anular la medida de gracia
que le otorgó el Gobierno en noviembre de 2013 porque la resolución no
tuvo en cuenta la posición del tribunal que le juzgó.
El indulto tramitado por el Ministerio de Justicia
permitió a Ramírez evitar la cárcel. La Audiencia Provincial de Las
Palmas le condenó en julio de 2011 por la ejecución de obras ilegales “a
tres años y un día de prisión por un delito contra la
ordenación del territorio, con inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación
especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la
construcción por tiempo de tres años y un día, y a la pena de
veinticuatro meses y un día de multa con una cuota diaria de sesenta
euros”, además de obligarle a demoler la construcción ilegal.
Sin
embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estimó su petición de indulto y
le rebajó al condena de tres años y un día de prisión a sólo dos años,
permitiéndole de ese modo escapar del paso por la cárcel.
El Ejecutivo justificó esa decisión alegando que el presidente de
Seguridad Integral Canaria no tenía antecedentes penales y que carecía de cualquier tipo de peligrosidad criminal, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia que lo juzgó.
La relación con el ministro Soria
El Alto Tribunal ha tumbado ahora esa resolución al considerar que el Gobierno no tuvo en cuenta la opinión de
la Audiencia Provincial de Las Palmas, el órgano que condenó finalmente
a Ramírez. Tampoco habría sido escuchada la "parte ofendida por el
delito" que cometió el empresario, tal y como exige la Ley de Indulto.
Además
de las consecuencias penales que tiene, el dictamen añade nuevas dudas
sobre el apoyo que Seguridad Integral Canaria ha encontrado en el
Gobierno desde el inicio de la legislatura, una relación cuestionada
también por la gran amistad que Ramírez mantiene con uno de los miembros
del Ejecutivo, el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Como publicó este diario,
el Ministerio de Defensa adjudicó el pasado mes de septiembre los
servicios de vigilancia, alarma y seguridad de todas sus instalaciones a
la compañía del empresario al que había indultado un año antes. En
concreto, la compañía del presidente de la UD Las Palmas se llevó el
primer y más importante lote del concurso, valorado en 31,8 millones de
euros, tras conseguir una mejor puntuación que Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece.
Investigación por delito fiscal
En
el proceso no sólo no se tuvo en cuenta la condena por un delito
urbanístico del máximo responsable de la firma adjudicataria, sino que
también se desechó que la Agencia Tributaria investiga a la empresa por haber defraudado 2,3 millones de euros a Hacienda durante
los ejercicios 2008 y 2009 “al pagar fuera de la nómina conceptos
salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de
retenciones como dietas”. La propia Agencia Tributaria está personada en
el procedimiento que se instruye contra Ramírez por esos hechos.
Con
todo, ninguno de esos casos fueron un obstáculo para que la compañía de
seguridad, que hasta hace unos años tenía cifras de negocio más que
modestas, lograra un nuevo contrato millonario de un organismo público
dependiente del Ejecutivo. El pasado mes de marzo, Patrimonio Nacional le adjudicó la vigilancia y la seguridad de todos los edificios históricos que gestiona por un importe de 11 millones de euros.
La institución encuadrada en Presidencia del Gobierno emitió un
comunicado para defender la legalidad del concurso y aclarar que
Seguridad Integral Canaria había certificado que estaba al corriente de
pago con la Seguridad Social y Hacienda.
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