Primero
pidieron a Defensa que cancelara contratos con Seguridad Integral
Canaria por fraude a Hacienda; ahora hacen lo propio a la Consejería de
Justicia del gobierno canario.
Desde su creación en 1995, Seguridad Integral Canaria ha acumulado contratos, pero también denuncias. - Foto EFE
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha pedido al director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Alejandro Parres,
la nulidad del contrato del servicio de vigilancia que ejecuta en las
islas la empresa Seguridad Integral Canaria y que proceda a su
rescisión. Esta nueva denuncia sindical se acumula a otras sobre las
supuestas infracciones en las que habría incurrido esta empresa
perteneciente al Grupo Ralons, cuyo mayor accionista es Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente, además, del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.
Como ya informó Vozpópuli en su momento, los sindicatos también han pedido a Pedro Morenés
la revisión de los contratos que el Ministerio de Defensa mantiene con
esta sociedad privada, a la que adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de las instalaciones militares.
En una carta firmada por Duarte, se informaba ya entonces de los
asuntos con la justicia que supuestamente tendría pendientes el
presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez.
Ahora, según el nuevo documento al que ha tenido acceso este diario,
Duarte, en su condición de secretario general de la FTSP-USO, pide a la
Consejería de Justicia del Gobierno canario que ostenta el socialista Francisco Espínola la rescisión de los contratos con SIC que afectan a todos los servicios de seguridad de los juzgados en las islas.
En su denuncia, Duarte recuerda que USO ya mantuvo en 2013 una
reunión con el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Joaquín Herrera,
a quien se le trasladó la “gravedad del problema existente” con SIC.
Entre otras cosas, según el documento, esos problemas eran fraudes a la
Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, así como
impagos a los trabajadores. “Todo ello con dinero público de los
canarios”, según el informe.
“La empresa paga parte de sus salarios en B”, según la denuncia
Concretamente, esas supuestas irregularidades se centrarían en el
“retraso continuado” en el abono de salarios, disminución reiterada de
los mismos, “sanciones por infracciones graves” en el orden social, “no
cumplir con las disposiciones en materia tributaria y de seguridad
social” y, en general, incumplimientos reiterados respecto a la ley de
seguridad privada.
Según el máximo responsable de la FTSP-USO, Seguridad Integral es hábil en lograr el aplazamiento de las sanciones
en cada materia incumplida una vez que le han sido impuestas, y se
aprovecharía de que ninguna de las administraciones actuantes habría
dado traslado de esas sanciones al organismo competente en materia de
contratación.
A ese respecto, Duarte afirma en un escrito remitido a Vozpópuli que si bien la empresa puede acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias,
“esto no supone que lo cumpla. Lo cierto es que es sobradamente
conocido que Seguridad Integral Canaria paga parte de sus salarios en
dinero ‘B’ o mediante otros conceptos, evitando el pago de esta
cotización y también de los correspondientes impuestos”, dice Duarte.
Por esos hechos, Miguel Ángel Ramírez estaría imputado por un
“presunto delito fiscal” en el Procedimiento Penal que se sigue en el
Juzgado Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria. También en el Juzgado de
Primera Instancia nº3 de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife, por
falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de
caudales públicos.
http://vozpopuli.com/actualidad/59808-seguridad-integral-canaria-denunciada-piden-a-rivero-que-rescinda-sus-contratos
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