El colectivo denuncia que no cuenta
con la titulación exigida por la ley para dirigir a 35 profesionales.
La asociación de vigilantes de
seguridad privada de Asturias (Avispa) ha presentado varias denuncias
contra el nombramiento del nuevo coordinador de seguridad del centro de menores
de Sograndio. El colectivo asegura que el trabajador designado por la empresa
que presta el servicio (Alcor Seguridad) no cuenta con la titulación que exige
la ley. Para Avispa esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que es el
responsable de la supervisión y coordinación de los 35 vigilantes
asignados al centro de internamiento de menores, que depende del Gobierno del
Principado. Añade, además, que Sograndio no ha constituido un departamento
de seguridad, a pesar de sus especiales características.
Avispa ha presentado tres
denuncias por estos hechos antes dos organismos, el departamento de Seguridad
Ciudadana de la Delegación del Gobierno y la Unidad Territorial de
Seguridad Privada de la Policía Nacional en Asturias, en la jefatura superior.
Las denuncias son contra el coordinador de seguridad, Dimas Fernández; contra
la empresa Alcor Seguridad y también contra el propio director del centro de
Sograndio, Manuel Ramos Vicente.
Este colectivo explica que, para ser
nombrado jefe de seguridad, el aspirante deberá haber desempeñado puestos
o funciones de seguridad, pública o privada, al menos durante cinco años.
También necesitará obtener la pertinente tarjeta de identidad profesional,
para lo cual habrá de acreditar, a través de unas pruebas,
conocimientos suficientes sobre la normativa reguladora de la seguridad
privada, sobre la organización de servicios de seguridad y
sus modalidades. Avispa asegura que en este caso no se cumplen estos
requisitos. Afirma que Sograndio, además, tampoco tiene dado de alta un
responsable titular habilitado por el Ministerio del Interior como director de
seguridad, tal y como estipula el Reglamento de Seguridad Privada, por lo
que carece de la facultad legal de dirigir el servicio de seguridad.
La directora de seguridad Yolanda
González Díaz y los vigilantes de seguridad David Alaiz, Cecilio Ferrero,
Roberto Hermosilla, Emilio Beltrán, Miguel Ángel García, Juan Carlos Sánchez,
José Carro, Lorenzo Martínez y Conrado Berjón fueron premiados en la entrega de
diplomas a la seguridad privada, en un acto presidido por Teresa Mata al que
acudieron María Marcos, la comisaria jefe provincia y el teniente coronel Julio
Gutiérrez, responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en León.
La
Guardia Civil y una empresa de seguridad realizan rondas de noche para impedir
los saqueos en la red ferroviaria de la provincia de Valencia.
La
Guardia Civil y los vigilantes del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) han intensificado la vigilancia en las obras del AVE ante
la oleada de robos de cobre denunciados en las últimas semanas en la provincia
de Valencia. El último saqueo tuvo lugar sobre las dos de la madrugada de ayer
en el límite de los términos de Valencia y Picanya, concretamente en el punto
kilométrico 392, donde tres individuos encapuchados cortaron unos 16 metros de
cable de la catenaria.
La rápida intervención de los vigilantes y
guardias civiles que acudieron al lugar frustró el robo en esta ocasión. Los
ladrones huyeron campo a través sin ningún botín. Los cerca de 16 metros de
cable de cobre estaban ya enrollados en una carretilla para transportarlos
hasta un vehículo que habían aparcado en las inmediaciones.
El centro de regulación y control (CRC) de Adif detectó una interrupción
de la tensión eléctrica en el kilómetro 392 de las vías del AVE. Un claro
indicio de un nuevo robo de cobre. Eran las dos y cuarto de la madrugada del
domingo tras el cambio horario. De inmediato, el técnico que se encontraba de
guardia envió a dos vigilantes y a un equipo de mantenimiento. Los primeros que
llegaron al punto de la incidencia fueron los empleados de la empresa de
seguridad que vigila la red ferroviaria.
Tras detectar la presencia de los vigilantes, los ladrones salieron
corriendo y desaparecieron en la oscuridad de la noche entre los campos de
naranjos. Una patrulla de la Guardia Civil también acudió al lugar con
urgencia, pero no pudo apresar a los delincuentes. Fuentes de Adif señalaron
que los operarios restablecieron la corriente eléctrica con prontitud tras
reponer el cable que habían cortado los ladrones.
La rápida reparación de la catenaria evitó que el saqueo afectara a la
circulación de trenes de alta velocidad en la denominada bifurcación de Xàtiva,
en el límite de los términos de Valencia y Picanya, donde la vía se une con la
línea de Albacete y Alicante.
Refuerzo policial
El robo frustrado, que aún no se ha denunciado, se une a la oleada de
saqueos perpetrados en las últimas semanas en este misma zona. Tras el caos del
pasado 8 de octubre en la red ferroviaria de Cataluña por un supuesto sabotaje
en las vías del AVE, Adif intensificó la vigilancia con más personal de
seguridad en los tramos de la provincia de Valencia donde más robos de cobre
cometen las bandas organizadas de delincuentes. Además, la Guardia Civil
también ha aumentado los controles en las carreteras cercanas a la red
ferroviaria de alta velocidad.
Estos grupos de ladrones suelen actuar de madrugada durante los fines de
semana. Hace unos años robaban el cableado telefónico, pero ahora prefieren el
cobre de las catenarias de las vías del AVE. Algunas veces los saqueos no se
descubren hasta la mañana siguiente, cuando los centros de regulación y control
de Adif detectan algún problema en la vía, con el consiguiente peligro para los
viajeros. Las facilidades para delinquir en algunos tramos de la red de alta velocidad
son mayores, al igual que el negocio, debido a que tienen más tiempo para robar
una mayor cantidad de cobre en zonas menos vigiladas, según informaron fuentes
policiales.
En el año 2009, la Guardia Civil y vigilantes de seguridad también
intensificaron la vigilancia en la línea del AVE en las provincias de Valencia
y Cuenca para frenar los continuos robos de cobre. Un año más tarde,
concretamente el primer fin de semana de septiembre de 2010, otro saqueo en la
red ferroviaria en el término de Alboraya causó retrasos en una veintena de
trenes regionales de la línea C-6 Valencia-Castellón, un Euromed y un Talgo. El
robo de cobre afectó a más de 2.000 viajeros.
Juan Rosell, presidente
de la CEOE, se ha convertido este lunes en el defensor de los
derechos de los trabajadores temporales. Eso sí, a costa de rebajar los
derechos de los trabajadores indefinidos, que en su opinión, son
"muchos".
Rosellplantea que debería haber una
transferencia de los derechos de unos a otros hasta que se equiparen.
"Es lo que se
ha ido haciendo en las últimas reformas laborales en España y lo que están
haciendo en otros países", ha precisado.
Rosell, en
declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press,ha explicado que hay 11 millones de trabajadores indefinidosque tienen "muchos derechos"
en comparación con los "muy pocos o prácticamente ninguno" de los
cuatro millones de trabajadores temporales.
Asemás, el
presidente de la CEOE se ha mostrado partidario delcontrato único,
aunque reconoce que su implantación en España es complicada.
"Habrá que
intentar a largo plazo que se vayan equiparando los derechos, darles a los que
entran y a los que ya los tienen, ir relajándolos", ha indicado.
EL SALARIO MÍNIMO, "NO ES UN GRAN
PROBLEMA"
Preguntado por la
subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se propone desde algunos
partidos políticos, Rosell no se ha mostrado en contra de incrementar el SMI,
pero ha señalado que éste no es un "gran problema", pues apenas lo
cobran 150.000 personas y en muchos convenios, en la mayoría de los grandes, ya
ha desaparecido esta referencia salarial.
"Es mucho mejor
abrir la negociación colectiva y ver en, en función del sector, lo que se puede
incrementar. Lo otro es un tema que se podría regular y a mí no me gustan las
regulaciones excesivas", ha opinado.
En este sentido, y
acerca de otras propuestas electorales que modificarían el modelo de relaciones
laborales, Rosell ha dejado claro que empresarios y sindicatos "tienen
bastante controlada" la negociación colectiva, por lo que ha avisado a
futuros gobiernos de que "se olviden de regular" en esta materia y
dejen trabajar a los agentes sociales, que saben bien lo que tienen que hacer.
"Cualquier reforma sin acuerdo con los agentes sociales va en la mala
dirección", ha sentenciado.
La firma de la
adquisición, por un precio que no ha trascendido, se realizó la semana pasada,
aunque los pasos para la integración comenzaron hace meses. Los trabajadores
temen que las sinergias acarreen despidos.
Una
gran operación empresarial en el sector de la seguridad se acaba de
firmar en Madrid. Se trata de la fusión por absorción de Castellana de Seguridad (Casesa)por parte
deOmbuds, que da lugar al nacimiento de un gigante sectorial que
contará en un principio con más de 9.000 empleados y una facturación aproximada
de 260 millones de euros, según las propias compañías. El nuevo gigante se
convertirá en la segunda empresa del sector por volumen de
negocio, tan sólo detrás deSecuritas, según los datos
quefacilita eInforma, superando a la cotizada Prosegur…
La operación, largamente rumoreada, ha dado
el salto definitivo tras la firma del acuerdo la pasada semana y ha sido
confirmada a este diario desde distintas fuentes empresariaes y
sindicales. Un portavoz oficial de Ombuds, sin embargo, negaba la mayor aVozpópulieste mismo lunes. Después de reiteradas llamadas, el
aludido ha preferido cortar la conversación por lo sano: "No te
voy a decir nada, buenas tardes".
La fusión, con algunos flecos aún por
concretar, se ha llevado con la máxima discreción por parte de la
empresa compradora, Ombuds, que paradójicamente cuenta con un
menor tamaño que Casesa tanto en facturación como en número de
empleados (3.000 frente a más de 6.000). En 2011, el grupo Ombuds fue
adquirido en un 75% porJZI Capital Partners a
su entonces dueño,Rodrigo
Cortina López, proveniente de una familia muy bien
relacionada con el Partido Popular y sus servicios de seguridad. JZI es un
grupo británico de capital riesgo que tiene como objetivo impulsar compañías de
tamaño medio y que engloba empresas con una facturación conjunta de
más de 1.000 millones anuales.
Tras adquirir Ombuds por un precio que no se
hizo público, el inversor prometió convertirla en "uno de los principales
operadores europeos de servicios de seguridad en un plazo de tiempo muy
corto". En los últimos ejercicios, el grupo adquiriente ha ido haciendo
realidad su promesa al colocar a Ombuds en la parte alta del ranking
de las compañías más grandes del sector. La absorción de Casesa le permitirá
escalar hasta el segundo puesto de dicho ránking. De acuerdo con las
cifras de facturación referidas al ejercicio 2012, tras las tres primeras
antes aludidas se situarían ahora Eulen, Segur Ibérica o Vinsa.
Compartiendo software
La operación viene rumoreándose desde hace meses, aunque fue a
principios de septiembre cuando dio el salto definitivo. Ambas
compañías han pasado a compartir ciertos softwares para acelerar su integración
y los empleados comienzan a posicionarse. La inquietud es grande ante el temor
de que una operación de tal magnitud traiga consigo recortes de plantilla,
especialmente en Castellana de Seguridad, que cuenta con más empleados y contratos
de más volumen.
Los rumores sobre operaciones corporativas
han sido abundantes en el sector en los últimos tiempos, rumores que la
mayor parte de las veces no llegan a materializarse. Ocurrió el pasado
verano cuando, aprovechando la confusión estival, surgió un bulo según el
cual Prosegur habría comprado Casesa y Segur Ibérica,
una historia que ni siquiera apareció en la sala de prensa de la
compañía dirigida porHelena
Revoredo.
"Es una actitud habitual en el sector
que haya muchos rumores, pero también que una empresa compre otra para hacerse
con sus contratos", comenta aVozpópuliuna fuente sindical. Casesa ha sido la
agencia de seguridad de importantes eventos deportivos como la última Vuelta a
España. Tiene clientes de renombre en sectores como el financiero (Santander,
BBVA o EVO Bank) o de gran consumo (Carrefour,
Worten o Cortefiel). También trabaja conRenfe, Iberdrola, Repsol, Peugeot o Altadis,
por citar sólo algunas compañías.
Casesa, cuyos dueños, según la rumurología
del sector, llevaban tiempo tratando de venderla, está también presente
en la administración pública con especiales buenas relaciones con el
Ministerio de Economía, la Junta de Andalucía o el Gobierno vasco, que le
adjudicó en 2010 nada menos queun tercio de todos los
servicios de seguridadprivada
a políticos, jueces y cargos electos en el País Vasco. Precisamente Ombuds fue
otra de las agraciadas por este contrato de seguridad de 144 millones de euros.
No obstante, el final de la violencia de ETA y la relajación de la tensión en
País Vasco y Navarra redujo drásticamente el negocio de la compañía.
Ombuds también tiene buenas relaciones con
la administración pública, como evidencia elcontrato de 3 millones
de eurosque le
adjudicó el Ministerio de Defensa en 2013 para la seguridad de 10 centros
sanitarios militares.
La crisis económica que ha eclosionado en Brasil y la
fuerte depreciación del real, la moneda del gigante económico de América del
Sur, afectan muy directamente aProsegur, debido a que la compañía ostenta una
firme posición de liderazgo en ese país, igual que también tiene una presencia
muy relevante en otros 16 países. Las vulnerabilidades derivadas de la alta
exposición de Prosegur en España y Brasil se ven mitigadas por el desarrollo de
una estrategia de amplia presencia internacional, en la que destaca la reciente
entrada en nuevos mercados, como India, Singapur o Australia. Así, tanto en
términos de negocio como financieros, la empresa logra consolidar una mejora
constante de sus cifras. En consecuencia de estas buenas perspectivas, los
expertos de Axesor otorgan a Prosegurun rating no solicitado de BBB-, aunque se
encuentra en observación por un proceso de revisión.
El desarrollo de negocio ha permitido una mejora notable de las
ventas, que entre 2010 y 2014 experimentaron uncrecimiento del 34,7%. Esta tendencia tuvo su
continuidad en el primer semestre de 2015, en el que las ventas crecieron un
7,9% hasta llegar a 1.953 millones de euros. Prosegur, empresa fundada en 1976,
se caracteriza por un mix de negocio sin concentración, con un posicionamiento
y diversificación adecuados en sus distintas líneas de negocio, que le permiten
un importante control del riesgo. Su fuerte consolidación en América Latina,
donde es líder en la mayoría de los mercados donde opera, está padeciendo ahora
las consecuencias de la debilidad económica que afecta a la región, que se
traducen en una merma en el beneficio bruto operativo como consecuencia del
efecto divisa. De ahí la importancia de la progresiva entrada de Prosegur en
nuevas zonas del mundo. A nivel doméstico destaca la puesta en marcha de la
nueva ley de seguridad privada en España, que podría favorecer a la compañía
gracias a una mayor asignación de competencias al sector. Recientemente,
Prosegur se ha convertido en la primera firma de seguridad con licencia para
volar drones en España.
La deuda financiera neta concluyó el primer semestre del año en
626 millones de euros (con un ratio sobre Ebitda de 1,3 veces). La compañía ha
negociado un nuevo crédito sindicado que le ha permitido amortizar de manera
anticipada la parte más costosa de su deuda y sustituir su anterior préstamo
sindicado por uno nuevo con vencimiento en 2019 y que proporciona un calendario
de pagos más holgado. Es cierto que los actuales niveles de apalancamiento son
muy superiores a los que había entre 2005 y 2010, cuando la deuda financiera
neta oscilaba entre los 140 y los 250 millones de euros, pero este incremento
del endeudamiento ha ido acompasado con el crecimiento del volumen de negocio
del grupo. De igual modo, la fuerte corriente inversora lleva a una reducción
de los niveles de tesorería, que en el primer semestre del año cerró en 250
millones de euros, frente a los 293 millones al término del mismo periodo en
2014. Pero Prosegur ya ha demostrado con anterioridad la capacidad para
integrar de una manera exitosa sus operaciones de fusiones y adquisiciones.
Esta experiencia, añadida a la prudencia que marca la estrategia de compras de
la empresa, adquiriendo sociedades ya consolidadas en los mercados donde busca
introducirse, hace esperar que las inversores puedan empezar a ser productivas
a corto plazo.
De hecho, no se observan dificultades en la generación de caja,
ni signos de tensión futura, operando con un fondo de maniobra positivo y un
capital circular con una dinámica favorable para el grupo. La generación de
liquidez y la solvencia inmediata garantizan una adecuada capacidad de pago y
poder afrontar el pasivo contraído sin que se anticipen complicaciones en este
sentido.
Madrid.-Prosegur es la primera compañía de
seguridad privada reconocida por el Ministerio de Fomento para operar con RPAS
(Remotely Piloted Aircraft Systems), conocidos comúnmente como drones.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del
Ministerio, ha incluido recientemente a Prosegur en su listado de
“Organizaciones habilitadas para realizar actividades técnicas o científicas
con drones”, con lo que la compañía se acomoda a la normativa establecida por
el Ministerio de Fomento para poder incorporar los drones a las tareas de
vigilancia.
Prosegur se encuentra ahora en una fase de desarrollo de la
nueva línea de negocio. En concreto, la compañía está trabajando en programas
de I+D con drones de interior para automatizar las rondas de vigilancia.
Además, destacan entre otras posibles aplicaciones de los drones: la vigilancia
en instalaciones sensibles o en zonas de difícil acceso, puertos o protección
medioambiental contra incendios forestales, entre otros servicios.
Para Manuel Rodríguez, director de Tecnología de Prosegur, “el
desarrollo de esta nueva línea de negocio, si bien aún es incipiente,
representa el esfuerzo de Prosegur por situarse en la vanguardia de su sector.
La empresa se configura como un referente en el ámbito de la seguridad privada
ya que ofrece a sus clientes la última tecnología disponible en el mercado para
garantizar siempre los niveles más exigentes de seguridad.”
En este sentido, el uso de drones en las labores de vigilancia
permitirá ofrecer unos estándares de seguridad más elevados. Si bien, por el
momento, la compañía se encuentra en una fase de investigación y desarrollo de
productos de seguridad asociados al uso de los drones.
La innovación y el crecimiento de la compañía a través de la
incorporación de la tecnología es el ADN que identifica a Prosegur como
referente en el sector de la seguridad privada. El avance en el desarrollo de
los drones, complementado con el análisis de video, detección térmica y gestión
con el Centro de Control Avanzado dota a los clientes de Prosegur de las
últimas herramientas disponibles en el mercado de la seguridad. Este hecho
confiere un aspecto fundamental y diferenciador ya que solo a través de una
gama amplia de productos es posible ofrecer soluciones integrales de seguridad
personalizadas a los clientes.
Los RPAS se componen de: piloto, equipo remoto (o telemando) y
aeronave (dron).
El tiempo que se tarda en llegar al trabajo "es trabajo", según sentencia europea
RedacciónBBC Mundo
11 septiembre 2015
El tiempo de
movilización de los trabajadores que no tienen un lugar fijo de trabajo
debe ser considerado parte de la jornada laboral, según una sentencia
Tribunal Europeo de Justicia.
Específicamente, la sentencia se
refiere al tiempo que tardan los trabajadores en llegar a su primer
compromiso del día y luego en regresar a sus casas al terminar la
jornada.
Esto significa que algunas empresas, como las que emplean a cuidadores, plomeros y representantes de ventas pueden estar incumpliendo las reglas europeas sobre jornada laboral.
Según el corresponsal de asuntos legales de la BBC, Clive Coleman, la sentencia tendría un "enorme efecto".
"Puede
ser que los empleadores tengan que organizar los horarios de trabajo
para asegurar que las primeras y últimas citas de sus trabajadores se
den cerca de sus casas", explicó Coleman.
Mientras que Chris
Tutton, de la firma de abogados Irwin Mitchell, considera que eso
también significa que "miles de empleadores pueden estar potencialmente
violando las reglas de jornada laboral de Reino Unido".
'Salud y seguridad'
El tribunal dijo que la sentencia es para proteger la "salud y seguridad" de los trabajadores, como establece la directiva de jornada laboral de la Unión Europea.
La directiva está diseñada para proteger a los trabajadores de la explotación y establece normas sobre la duración de la jornada, los descansos y las vacaciones.
Uno de sus principales objetivos es asegurar que ningún empleado de la UE está obligado a trabajar más de la media de 48 horas a la semana.
La sentencia se produjo tras un caso legal en España con una empresa llamada Tyco, que instala sistemas de seguridad.
Tiempo mínimo de descanso
La
empresa cerró sus oficinas regionales en 2011, lo que produjo que los
trabajadores tuvieran que cubrir distintas distancias para llegar a su
primera cita del día.
"El hecho de que los trabajadores empiecen y acaben sus jornadas en sus casas se deriva directamente de la decisión de la empresa de cerrar las oficinas regionales y no del propio deseo de los trabajadores", dice la sentencia.
"Pedirles
que carguen con la decisión de su empresa sería contrario al objetivo
de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores que persigue la
directiva, que incluye la necesidad de garantizar un periodo mínimo de descanso".
El abogado especializado en ley laboral, Caspar Glyn, también cree que la decisión puede afectar a "millones de trabajadores".
Sin
embargo, Glyn dice que, a pesar de las especulaciones, la sentencia no
avala que los trabajadores que cobran el salario mínimo puedan reclamar
más dinero por el tiempo que tardan en llegar al trabajo.
"El salario mínimo en Reino Unido deriva del derecho británico, no del europeo. No hay derecho europeo a un salario mínimo".
"Las
regulaciones sobre salario mínimo en Reino Unido no cuentan como
trabajo el transporte desde casa o hacia el lugar de trabajo", dijo.
Defensa otorga la vigilancia de sus cuarteles a una empresa que defrauda a Hacienda
Seguridad
Integral Canaria, grupo acusado por la Agencia Tributaria por fraude
fiscal, ha ganado un contrato millonario para vigilar las instalaciones
de Defensa.
Tras varios intentos fallidos, el Gobierno ha adjudicado los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa a una empresa que está acusada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial. El beneficiario es Seguridad Integral Canaria, empresa propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que fue indultado el pasado año por el Gobierno de Mariano Rajoy después de cometer un delito urbanístico.
Según
el acuerdo de la Junta de Contratación, la compañía de Ramírez ganó el
contrato para dar servicios de seguridad y control a todos los edificios
del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos después de
realizar un concurso público que se ha alargado durante nueve meses.
Tras solicitar varias ofertas, finalmente la Junta resolvió la
adjudicación mediante una subasta electrónica en la que
factor principal para ganar la puja era el precio ofertado por las
empresas. Es decir, el coste por empleado por hora trabajada.
Seguridad Integral Canaria se impuso en la subasta al obtener la mayor puntuación -95,37-, como informó 'Elboenuestrodecadadía', batiendo a competidores como Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece, la filial de ACS.
La compañía con origen en las islas afortunadas ofreció 13,70 euros por
hora para los vigilantes de seguridad y Proman Servicios Generales, la
que ganó el segundo lote, 5,49 euros para los auxiliares de servicios,
por lo que el salario que cobrarían los empleados sería sensiblemente
inferior. Se estima que en el segundo caso apenas superará los 3 euros
por hora trabajada. La mayoría de los interesados se quedó muy lejos de
estos ratios.
Ramírez se hizo con el Lote 1 del concurso que asciende a 31,87 millonesde euros por dos años, mientras que Proman Servicios Generales
ganó el Lote 2, valorado en 11,12 millones por 24 meses. En total,
ambas compañías pagaron 43 millones, por un contrato que estaba valorado
inicialmente en 72,57 millones, según el pliego de contratación del
Ministerio de Defensa.
Fuentes próximas al Gobierno han indicado
que el método de adjudicación fue totalmente transparente y que el
criterio principal era el económico para ahorrar dinero a los
contribuyentes. Pero lo cierto es que, según la Agencia Tributaria,
Seguridad Integral Canaria le hace un flaco favor a las arcas del Estado
porque Hacienda la ha acusado de defraudar 2,3 millones
entre 2008 y 2009 "al pagar fuera de nómina conceptos salariales no
exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como
dietas".
Horas extras no declaradas
Así
consta en el informe que la Agencia Tributaria remitió este año a la
Fiscalía de Delitos Económicos, tras una denuncia de la Federación de
Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO. El documento
subraya que el delito habría consistido en "evitar practicar retención
sobre retribuciones satisfechas a trabajadores de Seguridad Integral,
mediante el subterfugio de calificarlas como exentas de gravamen".
Ramírez, presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas, club
histórico ahora en Segunda División, siempre ha negado estos cargos. No
obstante, el auditor del grupo le puso una salvedad en sus cuentas al no
tener provisionada esta posible sanción.
Según consta en el
texto, Seguridad Integral Canaria, que desde el pasado mes de agosto
asume también la vigilancia de tres zonas de la red de Metro de Madrid, así como varios contratos de seguridad para Patrimonio del Estado,
"no sólo eludió su obligación de practicar retención sobre gran parte
de los salarios satisfechos a sus trabajadores, sino que dichas rentas
quedaron libres de tributación ya que tampoco se incluyeron por los
trabajadores en sus declaraciones de IRPF".
Sede del Ministerio en Madrid. (EFE)
La inspección de la Agencia Tributaria ha corroborado que las dietas declaradas por Seguridad Integral Canaria suponían "un 30,16 % de los rendimientos de trabajo declarados
en 2008 y un 27,9 % en 2009". El informe subraya que para alcanzar la
facturación declarada, "Seguridad Integral Canaria tuvo que prestar,
como mínimo, 3.134.948 horas de servicio de vigilancia en 2008 y
3.433.629 horas en 2009 y los vigilantes contratados sólo pudieron
realizar 2.659.423 horas en el primer año y 2.900.652 en el segundo, por
lo que es materialmente imposible que se haya facturado por valor de
las horas declaradas con el personal del que disponía y con las horas
extra admitidas".
El texto prosigue que "dicha facturación
requiere como mínimo 475.524 horas adicionales en 2008 y 532.976 en
2009. Por lógica, estas horas suplementarias sólo pudieron realizarse
fuera de la jornada ordinaria de los trabajadores, esto es, mediante horas extra no declaradas".
Un ministro en un concesionario de coches
Miguel
Ángel Ramírez, un empresario de origen humilde que se declara hecho a
si mismo, fue condenado en 2011 en sentencia firme a tres años de cárcel
por delito medioambiental al ampliar su chalet utilizando metros de
paisaje natural protegido en el norte de Gran Canaria. El 22 de
noviembre del pasado año, el Gobierno lo indultó.
El 4 de
diciembre, Ramírez hizo la fiesta de inauguración de un concesionario de
coches en Las Palmas al que acudió como anfitrión el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Para el titular de la cartera de Energía, su paisano canario es "el
ejemplo más puro de emprendedor" por su capacidad para convertir "sueños
en ideas, estas en proyectos y finalmente en una empresa".
El Supremo tumba el indulto del Gobierno al nuevo capo de la seguridad privada
El
Alto Tribunal anula la medida de gracia que concedió el Gobierno de
Mariano Rajoy a uno de los empresarios de seguridad que ha conseguido
más contratos a lo largo de esta legislatura
El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. (EFE)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el indulto al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso,
presidente de uno de los conglomerados que más contratos de seguridad
privada ha conseguido de la Administración Pública durante esta
legislatura, Seguridad Integral Canaria, y presidente del club de fútbolUnión Deportiva Las Palmas. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial,
los magistrados han dictaminado que se debe anular la medida de gracia
que le otorgó el Gobierno en noviembre de 2013 porque la resolución no
tuvo en cuenta la posición del tribunal que le juzgó.
El indulto tramitado por el Ministerio de Justicia
permitió a Ramírez evitar la cárcel. La Audiencia Provincial de Las
Palmas le condenó en julio de 2011 por la ejecución de obras ilegales “a
tres años y un día de prisión por un delito contra la
ordenación del territorio, con inhabilitación especial para el derecho
de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación
especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la
construcción por tiempo de tres años y un día, y a la pena de
veinticuatro meses y un día de multa con una cuota diaria de sesenta
euros”, además de obligarle a demoler la construcción ilegal.
Sin
embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estimó su petición de indulto y
le rebajó al condena de tres años y un día de prisión a sólo dos años,
permitiéndole de ese modo escapar del paso por la cárcel.
El Ejecutivo justificó esa decisión alegando que el presidente de
Seguridad Integral Canaria no tenía antecedentes penales y que carecía de cualquier tipo de peligrosidad criminal, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia que lo juzgó.
La relación con el ministro Soria
El Alto Tribunal ha tumbado ahora esa resolución al considerar que el Gobierno no tuvo en cuenta la opinión de
la Audiencia Provincial de Las Palmas, el órgano que condenó finalmente
a Ramírez. Tampoco habría sido escuchada la "parte ofendida por el
delito" que cometió el empresario, tal y como exige la Ley de Indulto.
Además
de las consecuencias penales que tiene, el dictamen añade nuevas dudas
sobre el apoyo que Seguridad Integral Canaria ha encontrado en el
Gobierno desde el inicio de la legislatura, una relación cuestionada
también por la gran amistad que Ramírez mantiene con uno de los miembros
del Ejecutivo, el ministro de Industria, José Manuel Soria.
El ministro José Manuel Soria. (EFE)
Como publicó este diario,
el Ministerio de Defensa adjudicó el pasado mes de septiembre los
servicios de vigilancia, alarma y seguridad de todas sus instalaciones a
la compañía del empresario al que había indultado un año antes. En
concreto, la compañía del presidente de la UD Las Palmas se llevó el
primer y más importante lote del concurso, valorado en 31,8 millones de
euros, tras conseguir una mejor puntuación que Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece.
Investigación por delito fiscal
En
el proceso no sólo no se tuvo en cuenta la condena por un delito
urbanístico del máximo responsable de la firma adjudicataria, sino que
también se desechó que la Agencia Tributaria investiga a la empresa por haber defraudado 2,3 millones de euros a Hacienda durante
los ejercicios 2008 y 2009 “al pagar fuera de la nómina conceptos
salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de
retenciones como dietas”. La propia Agencia Tributaria está personada en
el procedimiento que se instruye contra Ramírez por esos hechos.
Con
todo, ninguno de esos casos fueron un obstáculo para que la compañía de
seguridad, que hasta hace unos años tenía cifras de negocio más que
modestas, lograra un nuevo contrato millonario de un organismo público
dependiente del Ejecutivo. El pasado mes de marzo, Patrimonio Nacional le adjudicó la vigilancia y la seguridad de todos los edificios históricos que gestiona por un importe de 11 millones de euros.
La institución encuadrada en Presidencia del Gobierno emitió un
comunicado para defender la legalidad del concurso y aclarar que
Seguridad Integral Canaria había certificado que estaba al corriente de
pago con la Seguridad Social y Hacienda.
Miguel Ángel Ramírez, el 'rey de la seguridad', acumula un fraude al Estado de 21 millones
Logró contratos públicos por 180 millones al ahorrar en salarios pagándolos como dietas
Miguel Ángel Ramírez celebra el ascenso de Las Palmas.MARCA
El éxito del rey de la seguridad tenía truco. El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez,
empresario indultado por el Gobierno que había conseguido hacer frente a
las grandes del sector en la adjudicación de contratos públicos,
acumula un fraude al Estado de casi 21 millones. Ofrecía el mejor
precio, pero había trampa: ahorraba en salarios pagándolos como dietas,
que están exentas de tributar y cotizar.
La cifra resulta de sumar a las cantidades evadidas a Hacienda (nueve millones) las defraudadas en cotizaciones a la Seguridad Social (12 millones), según un informe de la Inspección de Trabajo del 15 de junio, al que ha tenido acceso este diario.
Ramírez, cuyas imágenes celebrando el ascenso a Primera
División de su equipo como si fuese un futbolista más dieron la vuelta
al país, tiene ahora mismo encomendados los servicios de vigilancia,
alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa (un contrato de 32 millones), del Metro de Madrid (71 millones) o del Palacio Real (tres millones). También custodia la propia Tesorería General de la Seguridad Social
a la que defrauda (2,4 millones), entre otros edificios oficiales.
Desde 2011, ha recibido adjudicaciones del Estado y de varias
comunidades, sobre todo Canarias, por valor de 180 millones.
Muchos de esos contratos se firmaron cuando la Agencia
Tributaria ya había advertido de cuál era la estrategia de la empresa de
Ramírez, Seguridad Integral Canaria, para acudir a los concursos
públicos ofertando los precios más competitivos. Según un informe de
diciembre de 2013, lo que hacía era pagar como si fuesen dietas de
kilometraje o manutención -que están exentas de tributación y
cotización- las cantidades correspondientes a las horas extras
trabajadas por sus vigilantes.
El último informe de la Inspección de Trabajo llegado al Juzgado de Las Palmas
donde se investiga a Ramírez por fraude fiscal y a la Seguridad Social
-después de una denuncia de la acusación que ejerce el sindicato USO-
certifica las cotizaciones evadidas en 2009 (3,5 millones), 2010 (3,1
millones), 2011 (2,8 millones) y 2012 (2,1 millones), que se añaden a
las de 2008 (480.000 euros). Quedan pendientes las de 2013, por lo que
la cifra acabará siendo mayor. Los inspectores denuncian las
contradicciones «muy numerosas y evidentes» en los datos aportados por
Ramírez, «lo que confirma el ánimo defraudatorio y el dolo».
Ahorro en retenciones
Según señaló la Agencia Tributaria en 2013, «esta forma de
actuar sería, desde un punto de vista tributario, más ventajosa que otra
modalidad de fraude en apariencia más grave, como es el pago de
salarios en B o de forma opaca», porque además del ahorro en retenciones
y cotizaciones, las cantidades pagadas son deducibles en Sociedades.
Los inspectores del Fisco añadían que «no es ajena a esta
forma de actuar que Seguridad Integral Canaria sea una empresa de
seguridad y que sus clientes más importantes sean administraciones
públicas, obligadas a la contratación mediante concursos en los que las
licitaciones se deciden, con escaso margen de discrecionalidad, a favor
del postulante que ofrece mejores precios, lo que otorgaría una clara
ventaja competitiva» a Ramírez. Eso es así porque el ahorro en costes
salariales que consiguió fue «más que relevante».
Mientras que en otras sociedades del sector el pago de
dietas alcanza un porcentaje de alrededor del 3% del total de salarios,
en Seguridad Integral Canaria llega a ser de 10 veces
más: un 30%, casi un tercio de la masa salarial. Para que fuera cierto,
cada trabajador tendría que recorrer 11.000 kilómetros al año y generar
derecho a manutención a diario.
El conocimiento de estos detalles no impidió al Gobierno
concederle un indulto para evitar su ingreso en prisión por un delito
medioambiental que cometió al construir en un valle protegido. El
Supremo revocó esa gracia momentáneamente.
Ramírez está pendiente de otro juicio por estafa y
apropiación indebida por falsear -presuntamente- los datos de los
servicios prestados en el Aeropuerto Sur de Tenerife para incrementar su facturación con Aena. El ministro de Industria, el canario José Manuel Soria,
acudió en 2013 a inaugurar un concesionario BMW de su propiedad.
Entonces dijo de él: «Es el concepto más puro de emprendedor que yo
conozco».
Primero
pidieron a Defensa que cancelara contratos con Seguridad Integral
Canaria por fraude a Hacienda; ahora hacen lo propio a la Consejería de
Justicia del gobierno canario.
Desde su creación en 1995, Seguridad Integral Canaria ha acumulado contratos, pero también denuncias. - Foto EFE
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha pedido al director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Alejandro Parres,
la nulidad del contrato del servicio de vigilancia que ejecuta en las
islas la empresa Seguridad Integral Canaria y que proceda a su
rescisión. Esta nueva denuncia sindical se acumula a otras sobre las
supuestas infracciones en las que habría incurrido esta empresa
perteneciente al Grupo Ralons, cuyo mayor accionista es Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente, además, del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.
Como ya informó Vozpópuli en su momento, los sindicatos también han pedido a Pedro Morenés
la revisión de los contratos que el Ministerio de Defensa mantiene con
esta sociedad privada, a la que adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de las instalaciones militares.
En una carta firmada por Duarte, se informaba ya entonces de los
asuntos con la justicia que supuestamente tendría pendientes el
presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez.
Ahora, según el nuevo documento al que ha tenido acceso este diario,
Duarte, en su condición de secretario general de la FTSP-USO, pide a la
Consejería de Justicia del Gobierno canario que ostenta el socialista Francisco Espínola la rescisión de los contratos con SIC que afectan a todos los servicios de seguridad de los juzgados en las islas.
En su denuncia, Duarte recuerda que USO ya mantuvo en 2013 una
reunión con el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Joaquín Herrera,
a quien se le trasladó la “gravedad del problema existente” con SIC.
Entre otras cosas, según el documento, esos problemas eran fraudes a la
Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, así como
impagos a los trabajadores. “Todo ello con dinero público de los
canarios”, según el informe.
“La empresa paga parte de sus salarios en B”, según la denuncia
Concretamente, esas supuestas irregularidades se centrarían en el
“retraso continuado” en el abono de salarios, disminución reiterada de
los mismos, “sanciones por infracciones graves” en el orden social, “no
cumplir con las disposiciones en materia tributaria y de seguridad
social” y, en general, incumplimientos reiterados respecto a la ley de
seguridad privada.
Según el máximo responsable de la FTSP-USO, Seguridad Integral es hábil en lograr el aplazamiento de las sanciones
en cada materia incumplida una vez que le han sido impuestas, y se
aprovecharía de que ninguna de las administraciones actuantes habría
dado traslado de esas sanciones al organismo competente en materia de
contratación.
A ese respecto, Duarte afirma en un escrito remitido a Vozpópuli que si bien la empresa puede acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias,
“esto no supone que lo cumpla. Lo cierto es que es sobradamente
conocido que Seguridad Integral Canaria paga parte de sus salarios en
dinero ‘B’ o mediante otros conceptos, evitando el pago de esta
cotización y también de los correspondientes impuestos”, dice Duarte.
Por esos hechos, Miguel Ángel Ramírez estaría imputado por un
“presunto delito fiscal” en el Procedimiento Penal que se sigue en el
Juzgado Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria. También en el Juzgado de
Primera Instancia nº3 de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife, por
falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de
caudales públicos.
